Lenguaje jurídico y lectura fácil

En la imagen se ve la mano de una persona con toga que agarra una maza para golpearla y dictar sentencia

Los textos legales son un problema para la comprensión lectora, no sólo para personas con dificultades por su condición o circunstancias, sino por cualquier tipo de público. Enfrentarse a la lectura de la normativa, los contratos y los textos administrativos supone un verdadero suplicio para los ciudadanos, cuando es una cuestión de derecho tener la oportunidad de comprender con sencillez unos asuntos que, en muchos casos, son trascendentes para las personas.

Existe ya una legislación que empieza a apoyar esa necesidad de hacer textos fáciles de comprender. En la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad aparece de forma indirecta en el artículo 13, sobre acceso a la justicia. En España, la LIONDAU plantea en su artículo 10.2.c la necesidad de apoyos a la comunicación. Pero, sin duda, la referencia más interesante es el artículo 13 del Real Decreto 366/2007 sobre accesibilidad en las relaciones con la Administración General del Estado. De forma explícita, dice que “los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo” y añade que “los documentos básicos de información de uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas” para personas con discapacidad y con dificultades de comprensión lectora.

Hace dos años se publicaron los resultados de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico con recomendaciones claras tanto para los profesionales (de estilo de redacción) como para las instituciones (de impulso para consolidar esta forma de redacción). Los resultados está en la web disponibles para su consulta. Es un inicio importante, porque los propios juristas y jueces son conscientes de las dificultades que tienen sus textos para ser comprendidos por los ciudadanos.

La lectura fácil es una herramienta que contribuye a dar solución a este problema de comunicación. Entre los argumentos en contra, destacan los que afirman que los textos deben estar redactados conforme a formulismos recogidos legalmente, pero ¿de qué sirve cumplir con esos formulismos cuando generan barreras de comprensión?

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