Legislación sobre lectura fácil: panorama español

Debate en el Congreso de los Diputados

La lectura fácil es una materia reciente en el ámbito de las soluciones del diseño para todos. Entra dentro de la accesibilidad cognitiva, entendida como todas aquellas soluciones que facilitan la comprensión, sea de entornos o de textos. Estos temas están vinculados a cuestiones intelectivas, de las cuales no se ha sido tan consciente a la hora de fijar una regulación. En España, tenemos una densa normativa que afecta a la accesibilidad, fijando alturas, anchos, fondos, porcentajes de inclinación, tamaños de letras o inclusión de lengua de signos. Pero la accesibilidad cognitiva y, por ende, la lectura fácil, se quedan huérfanas de exigencia legal.

El recorrido por la legislación española nos depara los siguientes hitos:

  • Las grandes leyes (LISMI, LIONDAU, ambas ya derogadas, y el vigente Real Decreto Ley 1/2013) no hacen ninguna mención a la lectura fácil como solución de diseño para todos y exigible en cualquier ámbito.
  • Los desarrollos legislativos de las leyes son dispares, ya que existen menciones indirectas en el Real Decreto 366/2007 (artículo 13) y en la Orden PRE/446/2008 de desarrollo de este Real Decreto (artículo 6). Ambos regulan la relación de la Administración Pública con las personas con discapacidad. Lo llamativo es que se elevan a norma algunas de las pautas de lectura fácil sin citarla. Posiblemente, lo más razonable era haber citado de forma genérica las pautas existentes de la IFLA e Inclusion Europe. También hay una mención indirecta en el Real Decreto 1544/2007 (Anexo 9), que regula las condiciones de accesibilidad en el transporte.
  • La única mención explícita en la legislación española es de ámbito autonómico: la Ley 13/2014 de Accesibilidad de Cataluña, que incluye tres artículos (artículos 26, 32 y 33) que exigen el uso de la lectura fácil para proveedores de servicios públicos, administraciones públicas y en la educación. El artículo 29 define los materiales de lectura fácil como “los que han sido elaborados a partir de las directrices internacionales de Inclusion Europe y de la IFLA y que promueven una simplificación de textos con el objetivo de hacerlos accesibles a toda la ciudadanía. Esta simplificación consiste en utilizar un lenguaje llano y directo, un contenido asequible para los destinatarios y un diseño que armonice contenido y forma”.

Con anterioridad a esta mención, solo había una mención en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2007 sobre la lectura, el libro y las bibliotecas. En esa disposición se alude a la lectura fácil no como exigencia, sino como una de las soluciones de accesibilidad que se debía favorecer en los planes de fomento de la lectura. Esta inclusión es importante, porque puede favorecer la producción de materiales en lectura fácil, pero no es suficiente.

La pregunta es: ¿debe exigirse por ley la lectura fácil? Creemos que una ley de accesibilidad debe recoger explícitamente la lectura fácil entre el conjunto de soluciones exigibles y plantear periodos transitorios para adaptar aquellos materiales que afectan más directamente a la población. No obstante, debe haber un acompañamiento de acciones de sensibilización, porque la lectura fácil todavía es desconocida en muchos ámbitos. Es difícil exigir lo que se desconoce, aunque el desconocimiento de la ley no exima de su cumplimiento. La ley catalana ha marcado un primer paso interesante que sería deseable que se extendiera al resto de comunidades autónomas y al ámbito de la Administración Central del Estado.

Lenguaje jurídico y lectura fácil

En la imagen se ve la mano de una persona con toga que agarra una maza para golpearla y dictar sentencia

Los textos legales son un problema para la comprensión lectora, no sólo para personas con dificultades por su condición o circunstancias, sino por cualquier tipo de público. Enfrentarse a la lectura de la normativa, los contratos y los textos administrativos supone un verdadero suplicio para los ciudadanos, cuando es una cuestión de derecho tener la oportunidad de comprender con sencillez unos asuntos que, en muchos casos, son trascendentes para las personas.

Existe ya una legislación que empieza a apoyar esa necesidad de hacer textos fáciles de comprender. En la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad aparece de forma indirecta en el artículo 13, sobre acceso a la justicia. En España, la LIONDAU plantea en su artículo 10.2.c la necesidad de apoyos a la comunicación. Pero, sin duda, la referencia más interesante es el artículo 13 del Real Decreto 366/2007 sobre accesibilidad en las relaciones con la Administración General del Estado. De forma explícita, dice que “los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo” y añade que “los documentos básicos de información de uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas” para personas con discapacidad y con dificultades de comprensión lectora.

Hace dos años se publicaron los resultados de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico con recomendaciones claras tanto para los profesionales (de estilo de redacción) como para las instituciones (de impulso para consolidar esta forma de redacción). Los resultados está en la web disponibles para su consulta. Es un inicio importante, porque los propios juristas y jueces son conscientes de las dificultades que tienen sus textos para ser comprendidos por los ciudadanos.

La lectura fácil es una herramienta que contribuye a dar solución a este problema de comunicación. Entre los argumentos en contra, destacan los que afirman que los textos deben estar redactados conforme a formulismos recogidos legalmente, pero ¿de qué sirve cumplir con esos formulismos cuando generan barreras de comprensión?