Otra ley relevante adaptada a lectura fácil

Portada de la adaptación a lectura fácil de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad

La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social es un nuevo ejemplo de una adaptación de una norma jurídica a lectura fácil. Publicada por el Real Patronato sobre Discapacidad después de la adaptación de la Constitución, esta ley, de gran relevancia en el ámbito de los derechos individuales de las personas con discapacidad, se adapta también para que tenga un mayor alcance a su público objetivo.

Esta ley es un decreto legislativo, es decir, un encargo del Congreso al Gobierno para que ordene las normas dentro de un determinado ámbito. Había un gran número de normas relacionadas con esta área: la LISMI, de 1982; la LIONDAU, de 2003; y la transposición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2011. La Ley General agrupa las dos primeras (junto con el Reglamento Sancionador), que eran específicas, en tanto que la transposición suponía la modificación de un gran número de normas de diversos niveles y áreas.

El enorme carácter técnico de la ley nos hizo replantear la adaptación para que la estructura tuviera un orden más lógico, pero sin dejar de tener una forma de ley. El Título Preliminar recoge solo tres de los artículos, que tenían contenido fundamental. A continuación, el Título 1 se divide en dos partes: la que afecta a los derechos y la que afecta a las obligaciones. En vez de adaptar cada artículo, se ha optado por adaptar los capítulos, que se referían a contenidos específicos. De este modo, se ha limpiado la parte más técnica para concentrarse en los aspectos esenciales que afectan directamente a las personas. De igual modo, se ha procedido en los otros dos títulos. El tercero, sobre infracciones y sanciones, se centra en aclarar los conceptos básicos y desarrollarlos de un modo práctico, como se refleja en el apartado titulado “Las multas”.

Esta adaptación se ha orientado a alcanzar a un mayor público con dificultades de comprensión lectora. Como explicamos en el artículo sobre la Constitución en lectura fácil, adaptamos la Carta Magna para un nivel más alto de comprensión lectora al existir una versión más sencilla. En el caso de la Ley, al ser la primera versión en lectura fácil, se ha querido abarcar al mayor público posible. Además, como parte necesaria y obligatoria del proceso, la Cooperativa Altavoz ha realizado la validación con un grupo de personas con dificultades de comprensión lectora que han hecho aportaciones muy relevantes.

Tanto la adaptación de la ley como de la Constitución suponen dos claros ejemplos de que se pueden redactar normas claras con un lenguaje más sencillo. Los más puntillosos podrán decir que faltan detalles técnicos. La cuestión es si esos detalles técnicos son verdaderamente necesarios o suponen un sobredimensionamiento normativo o, en caso de que sean necesarios, si no se pueden redactar originalmente de un modo más claro. Por supuesto, se puede, solo hacer falta querer hacerlo.